Las grandes empresas han marcado la pauta a la hora de implementar medidas contra el ciberdelito.
Sin embargo, las amenazas digitales afectan a todo tipo de negocios, incluidos los más pequeños. ¿Es recomendable y posible que una pyme contrate una póliza para protegerse de los riesgos cibernéticos?
La respuesta es sí. Actualmente, cualquier empresa o autónomo está expuesto a ciberamenazas, ya que el uso de correo electrónico, la gestión de datos personales de clientes y empleados, o el empleo de dispositivos móviles en el ámbito profesional conllevan riesgos. Además, el teletrabajo y los pagos con tarjeta aumentan aún más la vulnerabilidad frente a los ciberataques. De hecho, se estima que una gran parte de las empresas ha experimentado un incremento en los intentos de ciberataque en el último año.
Dado este panorama, cualquier negocio, incluidas las pymes y los autónomos, puede beneficiarse de un ciberseguro. Las pequeñas empresas, en particular, son objetivos atractivos para los ciberdelincuentes, ya que suelen contar con menos recursos para invertir en ciberseguridad. A diferencia de las grandes corporaciones, que disponen de equipos especializados en seguridad informática, muchas pymes operan con infraestructuras más limitadas, lo que las convierte en blancos más accesibles para los ataques. Un ciberataque no solo puede afectar la operativa diaria, sino que incluso puede comprometer la estabilidad económica de la empresa.
¿Cómo funciona un ciberseguro?
Antes de contratar un ciberseguro, es importante cumplir con ciertos requisitos básicos de ciberseguridad en la empresa. Medidas como el uso de antivirus actualizados, la implementación de copias de seguridad periódicas y la formación en buenas prácticas de seguridad digital no solo reducen el riesgo de ataque, sino que también son clave para garantizar la efectividad de la póliza.
Contar con un ciberseguro permite a las empresas mitigar el impacto económico y operativo de un ciberataque, proporcionando coberturas que pueden incluir asistencia técnica, recuperación de datos, protección ante demandas por filtraciones de información y asesoramiento legal.
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